Como ocurre luego de cada enfrentamiento armado en la Franja de Gaza, líderes de todo el mundo prometieron el envío de jugosos paquetes de ayuda económica para los territorios devastados. Pero resulta evidente que, sin un mayor compromiso político por parte de los actores involucrados, la mera asistencia monetaria no es suficiente para mejorar la calidad de vida de los palestinos y resolver el conflicto con Israel.

En una reunión celebrada en Egipto, mandatarios y delegados de 70 países demostraron que recaudar dinero no es problema. Estados Unidos, la Unión Europea y los emiratos del Golfo Pérsico, entre otros, anunciaron ayudas conjuntas por alrededor de 3.500 millones de dólares para reconstruir Gaza y financiar a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que comanda Mahmud Abbas. Pero se trata de simples parches que no resuelven el problema de fondo, sino que ponen en marcha un triste círculo vicioso: los fondos se utilizan para levantar edificios que luego serán derribados durante el siguiente estallido militar.

Los números son alarmantes. Durante los 22 días que duró la última incursión israelí en la Franja, se estima que unas 4.000 casas fueron destruidas, al tiempo que otras 14.000 recibieron daños severos. A su vez, alrededor de mil fábricas y más de 200 escuelas resultaron demolidas. Finalmente, el principal generador de electricidad y numerosos edificios públicos de la zona sufrieron destrozos millonarios. Todo ello sin contar las incalculables consecuencias sanitarias y el drama social acarreado por los ataques. Por lo tanto, la recuperación de Gaza será una tarea ardua y lenta, que requerirá de una planificación de largo plazo que vaya más allá del espasmódico aporte financiero internacional.

Las dificultades para que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan son muchas. En primer término, la ayuda será enviada a la ANP, que carece de poder real en la Franja, y no a Hamás, gobernante actual del territorio que más necesita la asistencia. Aquí se plantea un problema de difícil resolución: o bien Hamás acepta las condiciones impuestas por Estados Unidos –reconocimiento del Estado de Israel y cumplimiento de los acuerdos firmados por la OLP en el pasado- o bien llega a un acuerdo con el partido de Abbas para lograr un cogobierno en la Franja. Cualquiera de las dos opciones parece lejana, al menos en el corto plazo.

Por otro lado, la inflexibilidad israelí complica aún más el panorama. El gobierno de Olmert sólo permite que unos pocos productos, en particular alimentos, superen el bloqueo impuesto a Gaza. De modo que, en las condiciones actuales, los implementos necesarios para la reconstrucción edilicia difícilmente puedan llegar a suelo palestino. El argumento de la dirigencia hebrea es que el tenaz control de las fronteras responde al persistente tráfico de armas que impulsa Hamás. Una vez más, las dos partes en conflicto deberán mostrar señales de buena voluntad para superar el escollo.

A ello se suma la política de proliferación de asentamientos judíos que impulsa Israel. De acuerdo con la ONG local Peace Now, el gobierno hebreo estudia un plan para construir más de 70.000 viviendas en la zona ocupada de Cisjordania. Sin dudas, el constante avance sobre tierras palestinas atenta contra la “solución de los dos Estados” que apoya la Casa Blanca y buena parte del planeta. En este contexto, el Ejecutivo que suceda a Olmert deberá enviar señales más claras de su voluntad de lograr la paz con sus vecinos.

Así las cosas, la situación se presenta poco prometedora para los miles de palestinos que día a día subsisten en muy precarias condiciones de existencia. La ayuda económica podrá ofrecer un efímero alivio al padecimiento de los habitantes de la Franja. Pero sin la firme voluntad política de las distintas partes involucradas en el conflicto, las soluciones serán sólo temporarias, y sus resultados insuficientes.