El pasado 1 de septiembre Dilma Rouseff cumplió ocho meses como titular del Palacio de Planalto, siendo además la primera mujer en ostentar la presidencia de Brasil. La mandataria tomó el poder en el momento de mayor apogeo del país, cuando indudablemente es el líder regional del único sector del globo que no ve la catástrofe financiera de forma inminente y después del auge energético, económico y de posicionamiento estratégico-militar que le legó su predecesor, Luis Inazio Lula Da Silva.

Sin embargo, lejos de poder disfrutar del legado, los primeros meses de Rouseff han sido un verdadero viacrucis y Dilma enfrenta el riesgo de una crisis de gobernabilidad que podría limitar el liderazgo regional del gigante sudamericano, un liderazgo que a primera vista nadie más en el continente puede asumir.

¿Las razones? Podríamos citar muchas, pero la principal es que la agenda interna y los avatares que ha sufrido en este primer semestre le han impedido continuar con el liderazgo regional que el expresidente Lula había dejado a su retiro. El mal no es exclusivo de Rouseff, porque en realidad la mayoría de Jefes de Estado sudamericanos han tenido que apartarse de muchos asuntos y proyectos externos –a mediano y corto plazo- para concentrar su mirada en los problemas internos. Pero es particular en el caso brasileño, porque apartarse de la escena mundial y particularmente de la regional puede costarle un retroceso considerable en los alcances obtenidos en la primera década del milenio.


Catarata de renuncias

El lunar más visible de la administración Roseuff ha sido sin lugar a dudas la corrupción, puesto que su Gabinete tuvo que pasar por numerosos quiebres. En mayo estalló una crisis que recayó sobre la mano derecha de la Presidenta: el Ministro de la casa Civil Antonio Palocci se vio envuelto en un escándalo que apunta al enriquecimiento desmedido de empresas de su familia a la sombra de Consultorías al Gobierno. Rouseff respaldó a Palocci hasta que las publicaciones periódicas de la prensa se hicieron insostenibles y este renunció. En su lugar, la Presidenta puso a Gleisi Hoffman, diputada de su círculo privado y esposa del Ministro de Comunicaciones.

En julio las denuncias de sobornos en el sector de la construcción y la infraestructura vial tumbaron al Ministro de Transporte Alfredo Nascimiento, que presentó la renuncia ante lo que él denunció fue un complot de la prensa.

En agosto se suscitó quizá la más problemática de todas las partidas: la del todopoderoso Ministro de Defensa Nelson Jobim, precursor del Consejo de Defensa Sudamericano, artífice de la expansión armamentista de Brasil y “lulista de primer grado”. Su salida no se debió a acusaciones de corrupción, sino a las polémicas declaraciones que el funcionario realizó a medios locales en torno a la incompetencia de la Ministra de la Casa Civil, Hoffman, y la titular de la cartera de Relaciones Institucionales, Idelí Salvati. En su lugar, Dilma puso todas las cartas y nombró al Ex Canciller Celso Amorín, de amplio reconocimiento en la región pero escasa aceptación en todas las Fuerzas Armadas.

Pocos días después se dio la renuncia del titular de Agricultura Wagner Rossi, miembro de primera línea del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien junto al Partido de los Trabajadores son la piedra angular de la gobernabilidad de la era Lula. En el mismo marco se detuvieron 38 funcionarios del Ministerio de Turismo, entre ellos el secretario Ejecutivo de este sector, Federico Da Costa por importantes desfalcos en planes banderas que promueven el turismo en el país carioca.

Lo anterior sin mencionar los profundos choques con el Congreso en temas cruciales como la aprobación del Código Forestal, rechazado por ambientalistas –varios de ellos asesinados- y que fue aprobado por la Cámara de Diputados en junio, y la grave crisis institucional que ha significado la decisión de Lula de abrir una Comisión de la Verdad que investigue las muertes y torturas acaecidas durante la dictadura que culminó en 1985.


Los desafíos de Rouseff

Lo más grave de la crisis de corrupción es que, en primer lugar, no le pertenece a Dilma, puesto que parece encontrar sus raíces en el gobierno de Lula. No obstante el Gobierno está obligado a mantener un prudente silencio, puesto que decirlo abiertamente equivale a enfrentarse con el único causante del triunfo de Rouseff y –por ahora- el único garante de la estabilidad brasileña.

Por otro lado, Lula y su séquito más privado insiste en negar la crisis y defender la tesis de un complot de los medios, complot del que nunca citan nombres o razones. La situación deja a una Dilma maniatada lógicamente a nivel interno, e incapacitada para asumir con propiedad el liderazgo que le corresponde.

La estrategia ha sido gente de su círculo íntimo (gente de Dilma en Ministerios clave), lo que no encaja positivamente en la estructura de poder brasileño donde lo ideal es que los Ministerios se desarrollen como enclaves políticos de los Partidos gobernantes, por ende la tecnocracia en demasía no está bien vista. Y la única excepción que consideró –la del destacado diplomático y Ex Canciller de Lula, Celso Amorín en Defensa- se lleva a cabo en momentos muy complicados, cuando la idea de la Comisión de la Verdad no es bien percibida en múltiples sectores castrenses puesto que se ve como el preludio de la derogación de la Ley de Amnistía promulgada en 1979. Celso ha demostrado ser un hábil titiritero en los pasillos de Itamaraty, tiene un reto no menos en los cuárteles en este momento.

El punto más álgido de la crisis es el comportamiento del Partido de los Trabajadores, columna vertebral del Gobierno en torno a poner freno al “complot de medios” que ellos aseguran existe con el único fin de endilgarle el mote de “corrupto” a Lula. Esto lógicamente se resolvería a la moda latinoamericana: la censura de medios. Lo delicado es que puede convertirse en el primer pulso real entre el Congreso y la Presidenta porque ella ya aseguró que no permitirá bajo ninguna concepción una ley de ese talante durante su gestión. ¿El final de la tensa luna de miel?

Dilma ha dejado claro que no es Lula y que no gobierna en nombre de este, pero el riesgo –en palabras de Ruda Ricci, líder retirado y fundador del PT- es que su carácter autonomista la lleve a un co-gobierno en la práctica con Lula de trasfondo, que lógicamente está lejos de retirarse y se sigue posicionando en foros múltiples a lo largo y ancho del mundo como el Salvador de Brasil. Nadie niega que detrás de todo esto la discusión para el próximo cuatrienio es ¿Él o ella?

En rigor Brasil no tiene hoy problemas de política exterior, puesto que la cancillería brasileña es el reloj más metódico de todos los Palacios de Relaciones Exteriores del continente, lo que implica que funciona sola. Pero un país que se erige como nueva potencia requiere que el posicionamiento global lo lidere el mismo Jefe de Estado, más allá de la eficiente burocracia diplomática. Lamentablemente eso requiere tiempo y disponibilidad, y que la agenda interna le permita erigirse como líder real sin perder dominio interno. Entonces el horizonte, lejos de despejarse, tiene profundos nubarrones para Dilma.