Estoy en el aeropuerto de Bruselas, llevo mi documento nacional de identidad y la tarjeta de embarque. La azafata comprueba por pura formalidad que mi número de documento coincide con los datos que figuran en la tarjeta, y tras cinco minutos estoy embarcando en un avión con destino a Madrid. Estoy en el tren viajando de París a Ámsterdam, el revisor comprueba mi billete y no hace falta que le muestre una identificación. ¿Será esta la última vez que no tenga que preocuparme por llevar el pasaporte conmigo y prever media hora más para pasar los controles correspondientes?

Esta es la pregunta que se podrían hacer 400 millones de europeos, tras el anuncio de la Comisión Europea de que podría modificarse el Tratado de Schengen, que lleva 26 años permitiendo la libre circulación de individuos por Europa. Schengen es un pueblo diminuto en Luxemburgo, en la frontera entre Alemania y Francia, elegido por su posición estratégica como el lugar ideal para firmar en 1985 el acuerdo que permitiría diez años más tarde, tras muchas negociaciones, eliminar los controles fronterizos entre los 26 países que lo firmaron, 22 de ellos pertenecientes a la UE y cuatro extra-comunitarios: Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia. La zona de libre circulación se extiende desde Portugal hasta las fronteras con Rusia en el mar Báltico, y de Reikiavik a la frontera de Turquía con Grecia.

Entre las medidas anunciadas por la Comisión Europea para actualizar el tratado se pretende simplificar la introducción de controles temporales en las fronteras europeas en circunstancias excepcionales, como podría ser el caso de una oleada de refugiados o si un país no puede controlar la frontera exterior de la Unión. En la rueda de prensa donde anunció las intenciones de la Comisión Europea de introducir cambios al tratado, la comisaria de Asuntos Externos Cecilia Malmström repitió una y otra vez que estas medidas se llevaban planeando desde hace meses, aunque casualmente han sido anunciadas tras la petición directa de Italia y Francia de reforzar la hasta ahora libre circulación en Europa.


Italia y Francia, los impulsores de la iniciativa

Lampedusa es una isla italiana situada a 113 kilómetros de Túnez y 205 de Sicilia donde desde el pasado enero han llegado más de 20.000 tunecinos escapando de la revolución de su país. Roma les otorgó un permiso temporario sabiendo que, debido a los lazos que unen a Túnez con Francia (de la que se hizo independiente en 1956), los refugiados optarían por emigrar al país galo. Tanto en Túnez como en Marruecos, pese a que el árabe es la lengua oficial el francés se sigue utilizando como segundo idioma y muchas veces es lo que distingue a las clases altas, que son bilingües. Cuando Francia se enteró de que estaban llegando trenes que cruzaban a los tunecinos de un país a otro, decidió cerrar temporalmente las fronteras con Italia para impedir la entrada de los inmigrantes.

Nicolás Sarkozy, el mismo presidente que decidió apoyar la intervención aérea en Libia (para defender a la democracia) decidió rechazar a los refugiados tunecinos (para defender a los franceses). Y es que Sarkozy se ve obligado a seguir girando más y más a la derecha para recuperar los votos que el Frente Nacional de Marine Le Pen, heredera de Jean-Marie Le Pen, le ha estado arrebatando y que le pueden costar su tan ansiada reelección.

Por su parte Berlusconi, siempre más preocupado por su vida personal que por su país y con un par de juicios pendientes debido a su conducta inapropiada, ha dejado las reformas en manos de su ministro del Interior, Roberto Maroni, quien pertenece al partido xénofobo Liga Norte, parte del gobierno de coalición.

Pero más allá de Francia e Italia, la reforma fue apoyada casi por unanimidad en la reunión extraordinaria de ministros del Interior de la UE, con la excepción de España, Bélgica y Malta. ¿Por qué los estados de la Unión que firmaron Schengen ahora están dispuestos a eliminarlo tan fácilmente? Una parte de la explicación es que Europa se encuentra actualmente gobernada por partidos nacionalistas. El discurso populista con tonos racistas cobra mayor sentido en épocas de crisis donde todo el mundo tiene miedo a perder su empleo, y cada nueva elección que se celebra en Europa trae una mayor victoria de la derecha nacionalista.

En este contexto Dinamarca ya ha decidido endurecer los controles fronterizos, una medida tomada por la presión del Partido del Pueblo Danés, de extrema derecha, del que depende la coalición liberal conservadora para mantenerse en el poder. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, no tardó en enviarle una carta al primer ministro danés Lars Løkke Rasmussen para advertirle que los controles permanentes van contra la legislación del tratado de Schengen. Un tratado que el mismo Barroso defiende y quiere reformar a partes iguales. Sin embargo, el ministro de Finanzas danés Claus Hjort Frederiksen asegura que el plan "respetará las condiciones de Schengen” y Dinamarca anunció en el Consejo de Ministros del Interior que se tratará mas que nada de una revisión aduanera y no de pasaportes (aunque no aclararon cómo lograrán revisar un vehículo sin identificar a sus ocupantes). La Unión le ha dado el visto bueno y los controles fronterizos terrestres, en aeropuertos y puertos, empezarán a ponerse en marcha en Dinamarca en las próximas dos semanas.

Lo cierto es que Schengen está siendo puesto en tela de juicio, y en la próxima reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE a finales de junio se decidirá en tiempo récord para el bloque si las medidas de reforma son aprobadas. De ser así, tendrán que pasar por el Parlamento Europeo, la única institución de la UE que todavía muestra un poco de sentido común y que ya ha reprochado a la Comisión por haber cedido al populismo de los gobiernos de Italia y Francia, prometiendo dar pelea antes de dejar que la libre circulación de europeos sea limitada por las razones equivocadas.

Porque al fin y al cabo, parece más sencillo reformar uno de los pilares de la Unión Europea y restringir una de las libertades más aprovechadas diariamente por millones de personas, en vez de revisar la política de inmigración europea, incongruente e inconsistente pero que nadie quiere cuestionar. En rigor, reformar Schengen no solucionará el verdadero problema del que Europa intenta huir: el bloque no tiene una política de inmigración común y solidaria. Como punto de partida, los países miembros se tendrían que repartir el trabajo entre la acogida y la integración de los refugiados. En cambio, Italia y Francia estuvieron peleando por unos 20.000 tunecinos, un pequeño porcentaje de los inmigrantes que cruzan cada día a Europa, mientras que por ejemplo a las Islas Canarias anualmente entran alrededor de 30.000 inmigrantes. Estos inmigrantes esperan que el lema de la Unión Europea “unidos en la diversidad” los incluya en su sociedad y no los excluya como viene haciendo hasta ahora, y como parece ser que seguirá haciendo en el futuro.