La sucesión de catástrofes que azota a Japón (terremoto, tsunami y riesgo de fugas radioactivas) pone al gobierno nipón ante un desafío de difícil resolución: ¿cómo mantener a la ciudadanía informada sobre lo que está ocurriendo y, a la vez, no despertar un pánico excesivo en la población?

Ocurre que, por un lado, el gobierno tiene la responsabilidad de brindar a los japoneses –y en cierta medida a la comunidad internacional- datos precisos, verídicos y actualizados sobre la situación de las zonas devastadas por el terremoto y en particular sobre el estado de las plantas nucleares que sufrieron daños. Pero, al mismo tiempo, debe calcular con precisión la manera en que transmite dichos mensajes para evitar que la nación se hunda en el pánico y empeore una situación ya bastante grave.

Por el momento, el Ejecutivo de Naoto Kan todavía lucha para encontrar el equilibrio entre ambas necesidades. Apenas se supo que varios reactores de la central de Fukushima habían resultado averiados, el gobierno optó por la cautela. Si bien no ocultó la existencia de problemas, procuró transmitir a la ciudadanía que el riesgo era mínimo y que la situación estaba bajo control. Pero aunque esto fuera cierto, la incesante sucesión de imágenes de explosiones e incendios que mostraban los medios de comunicación no se condecía con el discurso oficial e invitaba a los japoneses a desconfiar de las autoridades.

Para peor, desde Francia a Estados Unidos, pasando por la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), se sucedieron los reclamos para que Tokio emitiera “informaciones precisas” sobre lo que estaba ocurriendo en las centrales japonesas. De hecho, el gobierno francés consideró que la situación en Fukushima era en realidad más grave de lo que los orientales admitían. Mientras que Japón anunció que el riesgo era de grado cinco en una escala de siete, París aseveró que el peligro nuclear merecía una graduación de seis puntos (apenas uno por debajo del desastre de Chernóbil en 1986).

Ello abre un debate sin solución aparente: ¿es más importante la transparencia o la estabilidad nacional? ¿Durante una crisis grave, debe un gobierno moderar la información que transmite, aún si ello significa ocultar datos a la sociedad? Estas preguntas no son nuevas y fueron planteadas muchas veces, sobre todo ante la sucesión de turbulencias económicas que comenzaron en 2008.

En aquella oportunidad, de cara al colapso financiero muchos gobiernos consideraron que si matizaban la gravedad de la crisis ello evitaría corridas cambiarias o embates contra la banca. ¿Pero se aplican estos mismos principios discursivos cuando lo que está en juego es la salud de las poblaciones aledañas a una fuga radioactiva? Desde la catástrofe de Chernóbil, pocos sucesos generan tanto terror en el imaginario colectivo como una eventual fuga de radiación, cuyas consecuencias resultan tanto inmediatas como duraderas.

En este punto, los manuales de comunicación de crisis son claros: la peor comunicación es la que no se hace. Dicho de otro modo, el silencio o la negativa a informar son la peor respuesta ante una tragedia inesperada. En igual sentido, los especialistas desaconsejan rotundamente la difusión de informaciones erróneas o distorsionadas. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que una mentira que tarde o temprano será refutada por los acontecimientos.

Es evidente entonces que gobiernos e instituciones deberían responder ante las emergencias con información verdadera y, sobre todo, continua. Cuando los canales oficiales de comunicación dejan vacíos informativos, éstos suelen llenarse con rumores o información carente de fundamento. Este fenómeno es particularmente grave en el caso de los medios de comunicación, que tienden rellenar la carencia de datos oficiales con un sinfín de fuentes oficiosas que no siempre poseen el nivel de conocimiento necesario para tratar ciertos temas, como bien lo demuestra la notable cantidad de datos erróneos o imprecisos que la prensa mundial ha publicado de cara a la amenaza nuclear en Japón.

Pero entonces aparece un interrogante adicional: ¿la obligación de comunicar la verdad implica que un gobierno debe transmitir todo lo que sabe? Se vuelve entonces al dilema original: es razonable que en tiempos de crisis las autoridades decidan administrar con cautela la difusión de datos, para no generar en la ciudadanía más temor que el necesario. Pudo verse en Japón: al tiempo que el gobierno pedía calma, se organizaban sucesivas misiones de evacuación en las zonas aledañas a los reactores dañados.

En síntesis, la magnitud de la tragedia japonesa y la cantidad de frentes superpuestos (terremoto, tsunami y amenaza radioactiva) abren un caso de estudio fascinante para los expertos en comunicación de crisis. Sin duda, con el tiempo la prensa y la sociedad remarcarán los numerosos errores que Tokio cometió a la hora de informar a la gente sobre lo que estaba ocurriendo. Pero también es cierto que ningún otro gobierno en la historia reciente de la humanidad había enfrentado circunstancias similares.