Decenas de miles de personas en más de 70 ciudades de los Estados Unidos se manifestaron el 1 de mayo, día del trabajador, contra la polémica ley migratoria aprobada la semana pasada por el Congreso de Arizona, Estado que comparte una extensa frontera con México. Reclamaron, además, una reforma integral que beneficie a los inmigrantes indocumentados.

“Educación, no deportación”, “Vergüenza sobre Arizona” y “Boicot contra el racismo” podía leerse en los carteles de los manifestantes en Los Angeles, Phoenix -capital de Arizona-, Chicago, Dallas y Washington, entre otras localidades del país convocadas con el lema “Todos somos Arizona”.

Al margen de las numerosas combinaciones y posiciones intermedias, existen en el país tres posturas principales sobre la migración: su rechazo total, su aceptación como motor de la economía, y finalmente la idea de que el Estado debe regular una cantidad “razonable” de migración por año. Esta tercera postura ha sido la vigente en los últimos tiempos en los Estados Unidos y Europa, aunque con algunas diferencias.

Arizona, sin embargo, parece estar girando paulatinamente hacia un extremo rechazo de la inmigración, o por lo menos hacia una aceptación mínima o casi nula, con muchas restricciones y una vigilancia policial agobiante. Las detenciones masivas de inmigrantes, las deportaciones y los interrogatorios callejeros a gente que aparente ser inmigrante ilegal, podrían llevar a una situación de inestabilidad y conflicto racial e internacional que terminen dejando como única alternativa a los ciudadanos de Arizona la lisa y llana supresión de la inmigración.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó el 30 de abril una versión enmendada de la dura ley original, en un giro destinado a refutar las acusaciones de que la norma promovía la discriminación racial, pero sin restarle poder a la policía para confirmar la residencia legal en el país. En particular, se modificó la parte que abría la posibilidad a que la policía detuviera a cualquier transeúnte en la vía pública para pedirle documentos que confirmen su condición migratoria.

“Estos cambios responden específicamente a los cuestionamientos legales manifestados por aquellos que temen que el texto original pueda legalizar o facilitar el prejuicio racial”, aseguró Brewer. Sin embargo, para los opositores se trata de modificaciones irrelevantes, ya que la esencia de la norma no se cambió: la policía puede confirmar la situación migratoria de las personas en el país sobre la base de “sospechas razonables”.

En Phoenix, frente a la sede del Congreso se reunieron unas 5000 personas, mientras que una cifra similar llegó hasta la plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca. Ante la multitud que se concentró en Washington, el líder sindical Jaime Contreras, quien llegó sin papeles en 1998 desde El Salvador, reclamó que la reforma migratoria “se apruebe este año, no el año próximo”. “Nadie quiere venir a Estados Unidos sin papeles, pero aquí quieren que vengamos a trabajar y nos abren solamente la puerta trasera”, dijo Contreras.


El debate que se viene

Se estima que unos 12 millones de inmigrantes indocumentados viven en los Estados Unidos, 460.000 de ellos en Arizona. Esto es consecuencia de la tradición migratoria y de la apertura de un país que ha poseído durante mucho tiempo una tasa de inmigración particularmente elevada. Por ello resulta a simple vista contradictorio que se destinen tantos recursos a la persecución de gente que sólo quiere ir a los Estados Unidos a trabajar cuando dicho país ha sido forjado básicamente por aluviones inmigratorios.

En este marco, la reacción social contra la ley migratoria de Arizona plantea el desafío de encontrar soluciones superadoras de las opciones tradicionales. De hecho, existen posturas que proponen respuestas alternativas para la cuestión migratoria. En Arizona, el pastor Robin Hoover, fundador de Human Borders, la organización que se encarga de “humanizar” la inmigración brindándoles a los inmigrantes en pleno cruce del desierto agua, ropa y asesoramiento, planteó la posibilidad de crear un permiso para trabajar por el cual se le depositaría al inmigrante una porción de su salario en una cuenta a la que sólo tendría acceso una vez de vuelta a su país de origen.

Es atendible el argumento de aquellos que sostienen que todo país tiene derecho a una política migratoria y que la ley debe cumplirse. Sin embargo, el debate que intentan plantear las marchas es mucho más profundo, y responde al arduo trabajo que durante muchos años organizaciones civiles han estado llevando a cabo en los Estados Unidos en defensa de los derechos de los inmigrantes y de una reforma integral del sistema migratorio.

En definitiva, la discusión se ha intensificado y el gobierno estadounidense tendrá que dar una respuesta, sea en uno u otro sentido. Para muchos analistas, la reciente ley promulgada en Arizona obligará a Barack Obama a acelerar su proyecto de reforma migratoria, una de las tantas promesas que el líder afroamericano realizó durante la campaña presidencial.

Las marchas recientes, sumadas al dominio demócrata en el Capitolio, parecen indicar que en el país del Norte se viene un largo debate sobre la cuestión migratoria. El tiempo dirá si el Ejecutivo y el Legislativo están a la altura de las circunstancias.