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Zapatero y Chávez en 2008 - Imagen: AP |
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La ambigua relación entre Venezuela y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) generó un nuevo escándalo internacional, que esta vez enfrentó al gobierno de Hugo Chávez con la España de José Luis Rodríguez Zapatero. Según reveló un juez español, miembros de la organización separatista vasca ETA habrían entrenado a combatientes de las FARC con el aval de Caracas. Aunque el gobierno bolivariano negó por completo tales acusaciones, cada vez son más las revelaciones que vinculan a las milicias colombianas con la administración chavista.
La escalada diplomática se inició a comienzos de marzo, cuando el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco notificó el procesamiento de seis etarras y siete miembros de las FARC bajo la acusación de que planeaban atentar contra dirigentes colombianos en España. En el auto emitido por el magistrado se destaca que las dos organizaciones mantienen lazos desde comienzos de los años noventa, y que a lo largo de la década del 2000 se realizaron entrenamientos conjuntos bajo el presunto aval de funcionarios venezolanos.
Según la investigación de Velasco, los narcoguerrilleros colombianos pidieron la colaboración de los vascos para atentar contra el ex presidente Andrés Pastrana e incluso contra Álvaro Uribe en suelo español. Además, expertos de ETA habrían viajado a Venezuela para entrenar a sus contrapartidas de las FARC en la utilización de armas y explosivos. En el documento remitido por el juez se menciona explícitamente “la cooperación gubernamental venezolana en la colaboración entre ETA y FARC”. Ya en 2008 la Fiscalía de la Audiencia Nacional española había hecho referencia a la existencia de un presunto triángulo Venezuela-ETA-FARC.
Naturalmente, la respuesta venezolana no se hizo esperar. En un comunicado, la cancillería bolivariana calificó la denuncia de Velasco como "tendenciosa, infame e inaceptable", y consideró que los señalamientos del juez son “inaceptables, de naturaleza y motivación política”.
Por su parte, Hugo Chávez afirmó que las acusaciones forman parte de una estrategia del “imperio estadunidense” para boicotear la creación de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe que se acordó en la reciente cumbre del Grupo de Río, celebrada en México. A su vez, el canciller venezolano Nicolás Maduro consideró que el juez Velasco está "asociado a la mafia del ex presidente (del Gobierno español) José María Aznar, a lo peor del Partido Popular y a sectores de la ultraderecha".
El episodio también generó cortocircuitos en el gobierno español. Apenas estalló el escándalo, Zapatero anunció que el canciller Miguel Ángel Moratinos se había contactado con su homólogo venezolano para exigirle “explicaciones”. Ante la violenta respuesta bolivariana, Moratinos decidió bajarle el tono a la disputa al declarar que en realidad sólo había pedido “información” a Venezuela y que en ningún momento el régimen chavista había estado bajo sospecha. Ante la evidente contradicción, Zapatero intentó una pirueta discursiva y afirmó que "para informar hay que explicar".
Más allá de los detalles semánticos, queda claro que el altercado diplomático generó roces al interno del propio gobierno español respecto de la relación con Venezuela. La situación fue aprovechada por el titular del opositor Partido Popular, Mariano Rajoy, quien fustigó a Zapatero por preservar el vínculo con Chávez en desmedro de las investigaciones de la justicia española. Desde hace años, Rajoy sostiene que Madrid debe poner fin a la cordial relación con Caracas y exigirle explicaciones por las repetidas acusaciones en su contra.
Finalmente, ambas partes procuraron poner paños fríos a la situación. Así, Chávez se dio por satisfecho ante la rectificación española y las cancillerías de los dos países emitieron un comunicado conjunto afirmando la “más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones”. Por su parte, Moratinos adelantó que se reunirá con el juez Velasco para discutir el contenido de las denuncias, y que el director general de la Policía y la Guardia Civil española visitará Venezuela para pedir cooperación en la lucha contra las FARC.
Más revelaciones contra Venezuela
Buena parte de la embestida chavista contra las acusaciones españolas se basó en una de las tesis preferidas de Caracas: que las denuncias de Velasco se apoyan en los contenidos supuestamente hallados en la computadora del ex líder de las FARC Raúl Reyes, y que tales materiales son falsos y representan un intento de desprestigiar al gobierno de Chávez.
De hecho, el comunicado emitido por la cancillería venezolana destaca que la investigación española es resultado de la "utilización de archivos contenidos en el computador supuestamente incautado a Raúl Reyes, durante la operación militar que implicó el bombardeo ilegal del territorio ecuatoriano y durante la cual fueron masacradas decenas de personas".
Sin embargo, la prensa española pronto desmintió al presidente venezolano. Según un informe publicado por el diario El País, cuatro miembros arrepentidos de las FARC habrían explicado con lujo de detalles a la policía española las conexiones entre la guerrilla colombiana, el grupo separatista vasco y el gobierno bolivariano.
De acuerdo con el matutino madrileño, los arrepentidos habrían confesado a la policía que miembros de la ETA visitaron Venezuela en reiteradas ocasiones entre 2003 y 2007 para asistir a los sudamericanos en el uso de armas y explosivos. En el informe difundido por El País, los ex guerrilleros sostienen que ETA y FARC planeaban una alianza de largo plazo con el objetivo de “globalizar la lucha” y planificar en conjunto acciones como el asesinato del ex presidente Andrés Pastrana.
Tanto en la acusación actual como en la de 2008 se menciona que el lazo entre la agrupación española y sus colegas colombianos es Arturo José Cubillas Fontán, un ex etarra que vive desde hace veinte años en Venezuela. Pese a su turbulento pasado, Cubillas ocupó diversos cargos en el gobierno bolivariano. Así, en 2005 fue nombrado director adjunto de la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras. Dos años después fue designado jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras, oficina que depende del mismo ministerio.
Además, los informes de la justicia española y el documento revelado por El País sugieren que en algunos de los encuentros entre etarras y colombianos también habría participado un hombre que llevaba un chaleco con el escudo de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) bolivariana y personas armadas que “parecían militares venezolanos”.
Si bien España sospecha desde hace años sobre la existencia de lazos entre la ETA y las FARC, se creía que tales vínculos tenían un cariz meramente político. Sin embargo, la captura de la computadora portátil de Raúl Reyes permitió descubrir que los nexos incluían la realización de entrenamientos conjuntos. Para completar el panorama, las recientes investigaciones españolas sugieren la participación de algunos funcionarios civiles y militares de Venezuela en tales entrenamientos.
Por otra parte, no es la primera vez que a Chávez se lo acusa de permitir el accionar de las FARC en suelo venezolano. Durante la escalada verbal que se desató entre Colombia, Venezuela y Ecuador tras el ataque en territorio ecuatoriano que mató a Reyes, Uribe denunció que Chávez apoyaba logística y económicamente a las FARC. Un año después, Colombia anunció que cinco lanzacohetes vendidos por Suecia a Venezuela formaban parte del arsenal guerrillero.
Más allá de la veracidad de las recurrentes acusaciones contra el líder bolivariano, queda claro que Hugo Chávez mantiene una relación ambigua con las FARC que permite las suspicacias. Lo que preocupa a Colombia y España es que el lazo que une a Chávez con las FARC trascienda la mera afinidad ideológica y adopte tintes más peligrosos. |
