[OPINION] 2009 y los vaivenes de la democracia latinoamericana

	América latina lineal - Imagen: fejid.org

La democracia parece estar afianzándose a diferentes ritmos en distintas partes de nuestro continente. Recientemente, hemos visto en ciertos países latinoamericanos una serie de sucesos y debates en torno a la democracia que han captado gran parte de la atención de los dirigentes, de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general. Esta es una muy buena noticia porque refleja un proceso de madurez democrática explicable sólo por el fin de los golpes de Estado y la difusión, por lo menos dentro de cierta parte de la población, de las nuevas tecnologías de la información, que incrementan la conectividad y la capacidad de experiencia y aprendizaje de los pueblos.

Un caso paradigmático es el de los famosos sucesos de Honduras. Su análisis puede darnos una pista acerca de la realidad y los desafíos de la democracia en Latinoamérica y anticiparnos a posibles controversias que puedan generarse en el futuro alrededor del avance de la democracia en nuestro continente.

Durante la destitución de Zelaya se observó, quiérase o no, un incremento del protagonismo del Poder Legislativo. Esto es algo favorable a la democracia, por lo menos en el contexto latinoamericano y aunque existan conductas e imprecisiones por corregir, porque el Poder Legislativo es el más cercano a la gente, el más plural, diverso y representativo.

Se trata evidentemente de un episodio muy confuso, porque el sistema constitucional de Honduras es en algunas partes bastante peculiar y el Poder Legislativo tiene allí una gran preponderancia. Es un sistema presidencialista, ya que el Poder Ejecutivo es elegido por el pueblo. Pero la Constitución le quita al presidente la capacidad, por ejemplo, de intervenir en la selección y remoción del Jefe de las Fuerzas Armadas, quien es elegido por el Congreso a propuesta de un consejo interno de las propias fuerzas. Algo parecido ocurre con la Corte Suprema. Es posible, por eso, que el sistema constitucional haya contribuido mucho al protagonismo legislativo durante el conflicto con Zelaya.

Es cierto que en la destitución del presidente las formas no fueron las mejores ni las más prolijas, pero es importante recalcar que la destitución no fue ilegal. En todo caso, las irregularidades tuvieron lugar durante la etapa posterior, es decir, cuando se procede a expulsarlo del país en vez de alojarlo en una cárcel común. En rigor, Zelaya había cometido numerosos delitos en el ejercicio de su cargo. Había atentado contra la forma de gobierno, destituido por decreto ilegítimamente al Jefe de las Fuerzas Armadas –siendo ésta una función atribuida exclusivamente al Congreso por la Constitución–; había amenazado a legisladores opositores elegidos por el pueblo con destituirlos de su cargo por decreto y había desobedecido de manera reiterada, deliberada y flagrante las órdenes de la Justicia. Ante la destitución de Zelaya, fue el Congreso –elegido por el pueblo y dentro de sus facultades constitucionales– el encargado de designar a su sucesor hasta que se realizaran nuevas elecciones presidenciales.

Por lo tanto, difícilmente pueda hablarse de una destitución ilegal, ya que la misma se dio dentro del marco institucional previsto por la Constitución (orden de la Corte Suprema avalada por el Congreso). Lo que en todo caso careció de legalidad fue el proceder posterior. Al mandatario se le aplicó una sanción no prevista por el ordenamiento jurídico: la expulsión. La distinción es importante porque implica que la ilegalidad podría haber sido subsanada no por la restitución de Zelaya en su cargo, sino por una acción judicial y legislativa destinada a establecer las responsabilidades políticas y penales por el irregular trato que recibió el presidente.

Merece un comentario también la forma desordenada y ambivalente en que reaccionó la comunidad internacional. Estados Unidos, siguiendo las nuevas directivas de Barack Obama, dejó actuar a la OEA. Brasil, con la idea de quitarle protagonismo a Chávez, quiso redoblar la apuesta del bolivariano haciendo entrar a Zelaya a Honduras por la fuerza, algo que fue considerado por la comunidad internacional como un movimiento arriesgado e innecesario, contrario a la negociación y el consenso entre los sectores implicados.

El resultado fue la clara ausencia de un liderazgo, tanto de Brasil como de Estados Unidos. Esto terminó acentuado la influencia y el protagonismo de Hugo Chávez, quien más que interesado en preservar la paz o la democracia en Honduras parecía interesado en lograr que Zelaya se perpetuara en el poder a cualquier precio. Tanto es así que llegó a amenazar abiertamente con una guerra al país centroamericano.
Este vacío de liderazgo democrático terminó favoreciendo tanto a Micheletti como a Estados Unidos. Micheletti se vio beneficiado porque el protagonismo de Chávez hizo que Obama comenzara a recibir muchas críticas internas por la manera en que había manejado el tema de Honduras. Por su parte, Washington constató que Latinoamérica sigue siendo incapaz de zanjar sus diferencias por sí sola. La región, luego de tantos reclamos y quejas hacia la política exterior estadounidense, volvió a necesitar del vecino del norte para destrabar un problema interno.

Pedir un esclarecimiento total de los sucesos de Honduras, con la debida sanción a todos aquellos que actuaron fuera de la ley, incluido Zelaya, no implica negar que exista un sector político e ideológico en Latinoamérica que está seducido por el poder absoluto. Este sector aspira a desviarnos a los latinoamericanos del proceso de consolidación democrática que estamos encarando. Desea arrojarnos hacia un caudillismo en el que los derechos humanos, la democracia y el disenso no serían prioritarios. A este sector no le importaba el funcionamiento democrático ni que se sancionara a todos los culpables de la reciente ilegalidad y convulsión en Honduras. Lo único que aceptaba era que se restituyera en el poder al aliado caído en desgracia, sin importar las graves irregularidades que éste había cometido durante su mandato.

En vez de sumarse al discurso de Chávez, que exigía la inmediata e incondicional restitución de Zelaya en el poder, una actitud mucho más razonable para Latinoamérica hubiera sido reclamar un proceder institucional que corrija los excesos cometidos por zelayistas y antizelayistas, y que sancione a los responsables de los mismos. Esto hubiera evitado el protagonismo del líder venezolano y les hubiera dado una mayor influencia a los países democráticos sobre la resolución del conflicto. Además, hubiese sido una salida compatible con la democracia hondureña, cuya oposición a Zelaya quedó evidenciada en las últimas elecciones.

Las lecciones de este caso para los demás países latinoamericanos en transición hacia la consolidación de las instituciones democráticas son claras. Los partidos democráticos deberán cuidarse de observar las formas legales, ya que la comunidad internacional –aunque con cierta torpeza– ha demostrado no estar dispuesta a tolerar ninguna interrupción inconstitucional de la democracia. Por su parte, los partidos organizados de manera vertical en torno a un dirigente caudillista y acaparador, deberán saber que el creciente protagonismo legislativo en el continente no es casual y que difícilmente podrán sobrevivir a largo plazo los proyectos totalitarios regionales.

* Estudiante avanzado de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) interesado especialmente en el derecho y la política internacionales. Fue becado por la organización Fulbright para asistir a un curso intensivo y seminario sobre historia, cultura, sociedad y política exterior de Estados Unidos en Massachusetts, Arizona y Washington. Fue becado por la Fundación Friedrich Naumann Stiftung fur die Freiheit para asistir a un seminario en Alemania sobre política y religión. Contacto: rmicheletti@observanto.net.

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