[OPINIÓN] La reelección indefinida y la farsa democrática

Por: Adriano Bosoni *

27/08/2009 - 20:45 | |


	Imagen: Wikimedia Commons

De Norte a Sur y de Este a Oeste en la geografía. De izquierda a derecha en el espectro ideológico. De un extremo al otro de la región, buena parte de los presidentes latinoamericanos sólo piensan en una cosa: ser reelegidos la mayor cantidad de veces posible. Así, líderes en apariencia tan disímiles como Hugo Chávez y Álvaro Uribe, Rafael Correa y Evo Morales, comparten una voluntad reeleccionista que vulnera algunos de los principios más básicos de la democracia y sus instituciones.

En apariencia, la pretensión de perpetuarse en el poder sólo sería un atributo de los “líderes bolivarianos”, hermanados en el ALBA y socios de un proyecto de tinte nacionalista y progresista. Uno tras otro, los mandatarios de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua promovieron reformas constitucionales destinadas a eliminar la molesta restricción legal que les impedía mantenerse en el cargo durante mayor tiempo que el estipulado. Incluso Manuel Zelaya, el malogrado presidente de Honduras, fue depuesto en medio de una puja por lograr la reelección.

Pero la sed de perpetuidad no se termina en estos dirigentes. Otros mandatarios, que en principio estarían alejados del modelo chavista, también quieren aferrarse al cargo. Aunque el brasileño Lula da Silva asevera que no aspirará a otro período de gobierno, muchos de sus partidarios presionan para que el carismático líder se presente nuevamente a los comicios. El colombiano Uribe es mucho más ambiguo, porque no anunció una nueva candidatura pero tampoco la rechazó de plano. Ambos casos revelan un factor compartido: tanto en Brasil como en Colombia, el oficialismo carece de candidatos alternativos que aseguren la continuidad.

La citada sed reeleccionista se explica por múltiples razones. En primer término, es la consecuencia natural de una forma de hacer política donde las personas son más importantes que las instituciones. A lo largo y a lo ancho de la región, el sistema de partidos políticos ha sido desintegrado. Hoy en día, la gente vota personas, no agrupaciones. Por ello, Lula da Silva es más importante que el Partido de los Trabajadores (PT) y Uribe es más relevante que el Partido de la U, al tiempo que figuras como Chávez, Correa, Ortega y Morales representan mucho más que las coaliciones que los llevaron al poder.

Ello esconde un problema ulterior: incluso cuando desean apartarse del poder, los líderes no consiguen contagiar su popularidad personal a un sucesor. Brasil constituye un caso paradigmático en tal sentido. Aunque Lula es el presidente más popular en décadas, el PT corre serio riesgo de perder las presidenciales de 2010 ya que la oficialista Dilma Rusef no despierta el mismo entusiasmo ciudadano que el ex dirigente sindical. Uribe intenta esconder dicha paradoja con frases contradictorias. “Nuestra política de seguridad democrática merece otro período de gobierno”, afirmó el mandatario. Lo irónico es que dicha política está tan íntimamente ligada al presidente que ninguna otra figura del gobierno puede sacarle réditos electorales.

En gran medida, la preeminencia del hombre por sobre la institución encuentra su origen en el estilo de conducción que caracteriza a estas latitudes. Desde la etapa colonial, nuestros pueblos se han acostumbrado a la figura del caudillo, ese líder omnipresente que, con una mezcla de carisma y coacción, maneja las riendas de su territorio. Dicho modelo encontró su continuidad en las jóvenes repúblicas, que apostaron por un presidencialismo exacerbado donde el Ejecutivo está por encima de los demás poderes constitucionales.

Se trata de sistemas donde el Presidente se ubica en el centro indiscutido de la vida política nacional. Sólo él está capacitado para conducir al país, porque es quien mejor comprende las necesidades de la sociedad y quien más puede hacer para satisfacerlas. Aunque formalmente exista división de poderes, el Ejecutivo –y en particular su cabeza- es depositario de todas las expectativas populares y toma todas las decisiones relevantes. Incluso desconoce y desdeña al Parlamento y la Justicia, dos instancias que a menudo son calificadas por el líder como lentas, burocráticas e ineficientes.

Ante este panorama, no debe sorprendernos que los mandatarios busquen prolongarse en el poder durante todo el tiempo que les sea posible. Puesto que sólo ellos garantizan que el país seguirá por la senda correcta, es necesario asegurar su continuidad en el cargo, incluso si ello implica modificar las reglas de juego. De este modo, sin distinción de ideologías todos procuran reformar la Constitución para adaptarla a sus necesidades. Lo hicieron Menem y Fujimori en los años ’90, y lo repiten muchos otros en la actualidad.

En dicho marco aparece la macabra figura del referendo, que consigue las más variadas reformas legislativas bajo la máscara de que representa la “voluntad popular”. Se pierde de vista entonces que los principios básicos de la legalidad de una nación no pueden ser sometidos a la volátil opinión pública, que no sólo cambia de parecer en forma constante sino que también es fácilmente manipulable. Y mucho menos pueden ser reformados para satisfacer las apetencias personales de un líder puntual.

Lógicamente, algunas enmiendas constitucionales están fundamentadas. Pero la historia demuestra que, en gran cantidad de casos, éstas sólo fueron orquestadas para asegurar la reelección del caudillo de turno. De este modo se cercena progresivamente un principio rector de las democracias maduras: la alternancia en el poder. Sólo un país donde diferentes partidos –pero sobre todo diferentes personas- se suceden en el gobierno puede considerarse genuinamente democrático. Así lo entendieron los redactores de las constituciones latinoamericanas, quienes se ocuparon de poner límites razonables al período presidencial.

Si bien el modelo paternalista encontró su máxima expresión durante los populismos europeos y latinoamericanos de las décadas de 1930 y 1940, buena parte de sus preceptos se mantienen hasta nuestros días. Tampoco son patrimonio exclusivo de América latina, puesto que numerosas naciones asiáticas, africanas e incluso europeas (Italia, por citar un ejemplo particularmente grave) han caído en procesos similares.

Ocurre que, en los albores del siglo XXI, seguimos votando líderes mesiánicos que nos prometen un atajo hacia la prosperidad económica y el desarrollo social. Un atajo que, en palabra de sus impulsores, no puede detenerse ante “estorbos” como el orden legal imperante. Poco parece importarnos que con cada violación institucional que apoyamos –o al menos toleramos pasivamente- nuestros sistemas políticos se degradan en forma casi irreversible. Gobernantes y gobernados somos responsables de esta democracia que cada vez tiene menos de realidad y más de farsa.

* Editor General de Observanto - contacto: abosoni@observanto.net


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